domingo, 30 de noviembre de 2014

EL CONCEPTO DE POPULISMO
            Actualmente, en boca de algunos dirigentes de los principales partidos políticos españoles oímos con mucha frecuencia el término peyorativo de populista: Podemos es populista, los populismos amenazan Europa, Rajoy llevó a cabo una oposición populista a Zapatero...
            Pero, ¿qué se entiende en el mundo actual por populismo? Observando ciertas políticas públicas en algunos países europeos y latinoamericanos más algunos comportamientos de ciertos líderes, a mi modo de ver, podemos entender este concepto, en primer lugar, como un conjunto de aspectos formales caracterizados por: la existencia generalmente de un lenguaje informal en el discurso; la tenencia de una estética popular de forma intencionada; la presunta defensa de los considerados más débiles (mujeres, ancianos, pobres...); la apelación a las emociones fáciles para ganar apoyo (demagogia); la escasa solidez intelectual del discurso (la mayoría los funcionarios son vagos, los empresarios son explotadores...); la dureza en el lenguaje contra el enemigo; la falta de sinceridad , en muchas ocasiones; más una comunicación política próxima física y socialmente con el oyente.
            Exceptuando la cuarta y quinta característica, el resto pueden ser perfectamente incluibles en organizaciones ajenas a estos comportamientos. Por otro lado, no es imprescindible la tenencia de un líder carismático; y está normalmente en contra del uso de la violencia, a pesar de ser un producto pasional.
            En el capítulo de propuestas o de ejecución de políticas públicas populistas, éstas, en primer término, calman las ansias de venganza entre una parte importante de la población (por ejemplo, la hipotética aplicación de la cadena perpetua/pena de muerte, por un lado; o una intensa subida de impuestos a los más potentados económicamente), por lo que la psicología política del potencial votante resulta fundamental.
            Estas propuestas/políticas públicas suelen ser apoyadas por un sector importante cuantitativamente o por la mayoría de la población (véase, por ejemplo, la satisfacción que supone en mucha gente la bajada del IVA), generalmente en sociedades que no han alcanzado un desarrollo democratizador sobresaliente; se dirigen a los débiles; y resultan atractivas a corto plazo desde una óptica utilitarista, pero poco eficientes en términos macroeconómicos (por ejemplo, en relación a estas dos últimas características, podemos citar la ayuda de 300 euros que Monago concedió a las mujeres extremeñas que sufrieron la Guerra Civil).
            Además, en cierta medida, el concepto de populismo también atiende a la cultura política de cada territorio. Por poner dos ejemplos, la reducción del gasto sanitario es impopular en España (país de tradición estatista); pero en Estados Unidos (país de tradición liberal en muchas dimensiones de su economía), su aumento (el Obamacare), es rechazado por más de un 50% de su población por el aumento fiscal que implica.
            En lo que se refiere al espectro ideológico, el populismo es transversal (derechista e izquierdista, o ambos a la vez). Generalmente es más frecuente en una izquierda más en lo económico que en lo respectivo a derechos civiles o a las transformaciones institucionales, dado, en muchos casos, su precario grado de democratización (por ejemplo, el PSUV venezolano). Por ello es más propio de América Latina que de nuestro continente. De hecho, muchos políticos de partidos comunistas europeos ven al populismo endógeno como un conjunto de formas escasamente intelectuales y carentes de unas sólidas bases izquierdistas.
            Por motivos distintos, el populismo de izquierdas es fuertemente rechazado por los partidos conservadores, al verlo como una amenaza al statu quo. Por su parte, el populismo de derechas está habitualmente asociado a la defensa de la dureza en la política penitenciaria contra los crímenes violentos. Es objeto de rechazo, en este sentido, por parte de las élites izquierdistas (no, en cambio, por la mayor parte de su base social).
            El nexo común de los populismos es, pues, el Estado, visto como un instrumento de protección del pueblo frente a los respectivos malhechores.
            Por su parte, la contraposición al populismo –aunque no estricta- es el civismo, que postula la actuación racional de los dirigentes y el respeto a la ética pública y a la legalidad (aunque el populismo no está reñido con ésta última). De ahí que los máximos defensores del civismo sean los liberales.
            En España no existe ningún partido completamente populista, pero sí, de modo parcial, se pueden observar algunas propuestas o comportamientos en algunos partidos que caminan en este sentido: el programa electoral utópico de Podemos para las elecciones europeas de 2014; la apelación de esta formación a los sentimientos, al considerar a la casta culpable de los males de los españoles; el calificativo de sistema putrefacto (por los numerosos casos de corrupción) que Beiras -líder de Anova- hizo del actual régimen político (a pesar de estos y de otros problemas estructurales de índole institucional, España sigue siendo aprobada en cuanto a ética pública y ratio de libertades por Transparencia Internacional y Freedom House, respectivamente); o el programa del PP para las elecciones generales de 2011 en algunos aspectos de la política penitenciaria o en el no cumplimiento finalmente de muchas de sus propuestas económicas.
            Por tanto, el populismo casi siempre aparece asociado a las cuestiones económicas de índole interna y jurídico-penales. Además, todas las prácticas y propuestas/políticas de esta índole no causan casi nunca indiferencia psicológica, tienen una viabilidad compleja bastantes veces y suelen hacer una interpretación maniqueísta de la realidad.

            























lunes, 10 de noviembre de 2014

EL DERECHO A DECIDIR: VENTAJAS E INCONVENIENTES
            El domingo 9 de noviembre de 2014, Cataluña pudo, por primera vez en su historia, votar su status de autogobierno. Independientemente del resultado y de su carácter extraoficial, fue, junto al proceso escocés, una muestra de higiene democrática del pueblo catalán, no sólo por la idiosincrasia positiva que conlleva toda participación popular en términos de radicalidad democrática, sino por el respeto que hubo a la legalidad.
            Pues en contra de lo que se ha estado afirmando desde el Gobierno central y desde medios de comunicación contrarios a la consulta, finalmente ésta fue legal, ya que las entidades organizadoras fueron privadas -Òmnium Cultural y ANC- y no hubo ninguna vulneración de la privacidad de la identidad de las personas físicas de Cataluña, pues en el proceso cada participante dio sus datos personales, sin aparecer previamente recogido en las mesas (a diferencia de cualquier proceso electoral ordinario y oficial).
            Desde mi modesto punto de vista, creo que el reconocimiento del derecho de autodeterminación es positivo, aunque también es ineludible que su aplicación conlleva problemas de no escasa magnitud. Por un lado, cualquier colectividad (tomando como representativa su mayoría de personas) tiene derecho a salir del ámbito/lugar en el que está disconforme. Forzar a quedarse, sería una imposición colectivista legítima, pero injusta en términos de no respeto de la voluntad mayoritaria.
            Por otra parte, reconozco que una extensión extrema del derecho a decidir podría dar lugar a un caos político-administrativo. Imagínense, como ejemplo hipotético, si la mayoría de municipios de España (8.118, en total) exigiese dicho derecho y, a su vez, la mayoría de sus poblaciones quisiese independizarse. Habría una atomización enorme de territorios, al menos durante los años que estarían fuera de la UE (con los problemas de libertad de circulación social y económica que ello representa), además de haber continuos y numerosísimos debates sobre la conformación territorial que nos harían olvidar de los llamados problemas reales de la ciudadanía.
            De este modo, la opinión de aquéllos partidarios de que la única vía legal sea la aprobación de la separación por parte de la mayoría de españoles, tiene bastante fundamento, aunque no la comparta, pues se pondría un coto jurídico y social a dicho hipotético caos.
            A ello hay que añadir que todo referéndum debe respetar la legalidad vigente o que la ONU no se refiere explícitamente al derecho a la secesión de las no colonias. Tampoco lo prohíbe. Pero se aplicó al derecho a la emancipación de las colonias en la segunda mitad del siglo XX, como así estipulan las resoluciones 1514 y 1541, y dejando a cada Estado la regulación del mismo.
            Lo que sí me parece totalmente inadmisible son los postulados totalmente contrarios a cualquier tipo de consulta. Aquí incluyo a aquéllos opuestos incluso a que decida el conjunto de la ciudadanía del Estado el futuro del territorio separatista, en este caso, de Cataluña. Sería convertir a España en una cárcel jurídica al no permitir ninguna posibilidad de cambio de estatus. Esta circunstancia la recoge, como sabemos, el artículo 2 de la Carta Magna.
            En contraposición, considero, en primer lugar, que cualquier consulta sin carácter vinculante sobre el autogobierno en cualquier entidad territorial es perfectamente aceptable (siempre que se haga coincidir con alguna elección, por motivos de ahorro económico), pues la mera expresión de la voluntad popular no causa ningún perjuicio. A este respecto, a los defensores de la legalidad se les olvida que el Congreso de los Diputados tiene la potestad de autorizar o no convocatorias de consultas populares por vía de referéndum (artículo 149.1.32ª)
            A ello hay que añadir que el artículo 168 de la CE recoge la posibilidad de reforma del Título Preliminar (donde se recoge el mencionado artículo 2) en un sentido de eliminación del carácter indisoluble de la Nación Española y de regulación del derecho de autodeterminación. Por tanto, cualquier consulta –vinculante o no- convocada actualmente por la Generalitat, sí, es ilegal. Pero también cabe, como vemos, la opción de reformar nuestra norma suprema.
            A mi modo de ver, la solución a este problema pasaría por el reconocimiento de esta prerrogativa en todas CCAAs, por el avance en términos de democracia participativa que ello supondría, por ser estos los entes inmediatamente inferiores a la Administración Central (es más natural que surjan sentimientos nacionalistas, y, de hecho, es donde en realidad se dan) y porque son sólo 17, un número bastante inferior a 50 (provincias) o a los 8.118 ayuntamientos: eficiencia político-administrativa. Una mayoría semicualificada (55%) –ni simple, pues dejaría una sociedad partida; ni tampoco cualificada, pues dejaría una situación eternamente molesta, al no alcanzar el 66,66%- debería ser suficiente para alcanzar la independencia.
            Si en alguna entidad local surgiese una reivindicación soberanista fuerte, representada en una mayoría política de partidos nacionalistas (por ejemplo, aunque no es el caso, en la comarca del Val d´Arán), lo más lógico sería sumar al mencionado procedimiento para las CCAAs el requerimiento de una aceptación del resto del Estado.        La otra opción sería, si su apoyo representa a una mayoría cualificada de fuerzas de esta índole, aplicarle a ese supuesto territorio el mismo el mismo proceso jurídico que a una CCAA, aunque ello, lógicamente, no estaría exento de polémica. Pero de momento no existe ningún ente local con un sentimiento nacionalista considerable en buena parte de sus habitantes.